¡Déjenles, de una vez, en paz! Reflexiones a propósito de unas manifestaciones desafortunadas de una vicepresidenta confundida y un ministro montaraz

El pasado día 26 de diciembre de 2023 mi maestro publicaba en su blog una entrada que llevaba por título “El precio de la injerencia política en el Poder Judicial: ¡Déjenles en paz!” en la que formulaba un ruego a TODOS los partidos políticos nacionales: ¡Déjen al Poder Judicial en paz!. Pues bien, dado que en las últimas jornadas hemos visto que las acusaciones nominativas de prevaricación -bajo el nombre, hortera donde los haya, de “lawfare”- no solo no han cesado desde los partidos regionalistas ladrones, xenófobos y asesinos, sino que se han visto acompañadas por manifestaciones desafortunadísimas de vicepresidentas y ministros del ejecutivo español; queremos reiterar el ruego que hacía nuestro maestro en forma adicional de recomendación y advertencia para que dejen en paz a nuestras juezas y jueces para que puedan desempeñar la función que les encomienda nuestra Constitución de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, sin interferir con ataques por completo injustificados.

LAS MANIFESTACIONES DESAFORTUNADAS 

a) De la vicepresidenta confundida (¿o confusa?)

La prensa del pasado viernes día 19 de enero del año en curso recogía la siguiente noticia: “Teresa Ribera lanza un señalamiento público al juez García-Castellón por investigar a Puigdemont y Moncloa sale a matizar sin citarla. La vicepresidenta ha dicho que el juez de la Audiencia Nacional «tiene una implicación política importante» después de que se reafirmara en que el Supremo debe investigar al ex ‘president’ catalán por delitos de terrorismo” (El Mundo). “En una entrevista en TVE. Ribera critica la «querencia» de García Castellón a pronunciarse en «momentos políticos sensibles»: «Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que, como digo, nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección«, ha asegurado Ribera” (El Confidencial)

Algunos datos interesantes sobre la vicepresidenta confundida

Wikipedia nos dice: “Teresa Ribera Rodríguez (Madrid, 19 de mayo de 1969) es una jurista (sic.), profesora universitaria y funcionaria española, actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Se educó en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en Derecho y se diplomó en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales. En 1995 sacó plaza en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, estando siempre relacionada con el área de medio ambiente”.

¿Conflictos de intereses? ¿Relaciones conyugales de causalidad o casualidad? ¿Versatilidad asombrosa?

Wikipedia nos sigue ilustrando sobre su apasionante biografía: “Está casada con Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia)”. Esta última referencia, siendo inexacta, nos parece extremadamente interesante porque, por una parte, la inexactitud la verificamos el leer en la página web de la CNMV que Mariano Bacigalupo Saggese es consejero de dicha Comisión.

Sin perjuicio de la inexactitud constatada, decimos que nos parece asombrosa la versatilidad de quien es capaz de cumplir, sucesivamente y en un periodo corto de tiempo con los exigentes requisitos que:

a) La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia exige, en su art.15, para ser miembro del consejo de la CNMC quienes “serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión” (eso es, el Derecho de la Competencia).

b) La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión en su art.24 requiere para ser miembro del Consejo de la CNMV porque nos dice que “serán nombrados por la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores”.

De esa admirable versatilidad se hizo eco la prensa del pasado mes de septiembre de 2022 al decir: “Mariano Bacigalupo sale del consejo de la CNMC para incorporarse al de la CNMV” (Diario El País 13.09.2022).

A la vista de lo anterior, reiteramos nuestra admiración hacia el esposo de la vicepresidenta porque, como modestos profesores universitarios de Derecho Mercantil con varios años de docencia en una Universidad Pública española, apreciamos el trabajo, digno de Hércules, que supone adquirir un prestigio reconocido en materias tan exigentes como es el Derecho de la Competencia y el Derecho de los Mercados de Instrumentos financieros.

b) Del ministro montaraz

La prensa del pasado viernes día 19 de enero del año en curso recogía la siguiente noticia: “Óscar Puente defiende la existencia de ‘lawfare’ en nuestra Justicia y lo compara con las meigas: «Haberlas, haylas». El ministro de Transporte ha reivindicado el derecho del Gobierno a criticar y realizar «cierta revisión» de las decisiones de los jueces” (la Razón).

Algunos datos interesantes sobre el ministro montaraz

Dado el nivel de analfabetismo funcional -y efectivo- reinante, aclaramos que, lejos de ser un insulto, el adjetivo montaraz describe la vinculación profundamente ecológica de la persona calificada como se puede verificar con la mera lectura de la primera acepción de término en el Diccionario de la RAE que define montaraz como el “que anda o está hecho a andar por los montes o se ha criado en ellos” ofreciendo como sinónimos los de “montés, montesino, montuno, saltero”. Si bien es cierto que la segunda acepción quizás podría concordar mejor con el sujeto que ahora calificamos cuando lo define del siguiente modo: “Dicho del genio o de alguna otra cualidad de una persona: Agreste, grosero y feroz” y ofrece los sinónimos de “agreste, campestre, silvestre, salvaje, bravío, indómito, arisco” y como antónimos los de “amable y cordial”.

Aclarado lo anterior, es pertinente constatar que la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recoge que su titular, Óscar Puente Santiagonació en Valladolid el 15 de noviembre de 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (UVA) y máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Abogado en ejercicio desde 1995 hasta su toma de posesión en la Alcaldía de Valladolid, en junio de 2015. Responsabilidad que ha ejercido hasta mayo de 2023. Desde julio de 2023 es Diputado nacional. Como alcalde, Óscar Puente ha sido presidente de la Red Española de Ciudades Saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre noviembre de 2015 hasta diciembre de 2019; ha formado parte de la Junta de FEMP como vocal entre septiembre de 2019 y mayo de 2023, y ha sido representante de la FEMP en la red de iniciativas urbanas desde octubre de 2020 hasta mayo de 2023. También ha sido vicepresidente primero de la OICI (Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal).Es militante del PSOE desde 1990 e inició su carrera política en Valladolid en 2004 como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial. En 2007 fue elegido concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento vallisoletano y estuvo al frente del equipo como presidente del Grupo desde 2008 (…)”-.

Rogamos disculpas a nuestros lectores por reproducir textualmente tan prolija “hoja de servicios” políticos porque nos ha parecido necesario para calibrar la profundidad relativa de los conocimientos jurídicos de un ciudadano que recoge la prensa que afirmó, el viernes pasado, “ha reivindicado el derecho del Gobierno a criticar y realizar «cierta revisión» de las decisiones de los jueces”. Y lo decimos porque no hemos encontrado en nuestra maltrecha Constitución ni en ninguna otra parte de nuestro Ordenamiento ni de los de cualquier otro Estado miembro de la UE o, simplemente, democrático la fundamentación de este original derecho del Gobierno a realizar «cierta revisión» de las decisiones de los jueces.

EL “ROTUNDO RECHAZO» DEL CGPJ: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 19 DE ENERO DE 2024

El viernes, 19 de enero de 2024, mediante una Comunicación del Poder Judicial, el CGPJ hizo pública la aprobación -por unanimidad- de una  declaración institucional de su Comisión Permanenteen relación con las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno sobre una resolución judicial dictada por el magistrado instructor del caso “Tsunami Democràtic” en los términos siguientes: “La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas en una entrevista concedida a TVE en el día de hoy por el vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en las que, con ocasión  de una resolución jurisdiccional dictada por el magistrado Manuel García Castellón en la causa abierta en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo contra algunos integrantes de “Tsunami Democràtic”, ha llegado a decir en referencia inequívoca al instructor: “Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”.  Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la   Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia,  porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos  confíen podrán prestar  el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho. La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos. Por eso, como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

Desde nuestra humildad, nos adherimos de firma entusiástica a esas declaraciones haciendo únicamente dos ruegos: en primer lugar, nos parece innecesario comenzar diciendo que la declaración se hace desde “el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresiónporque suponemos que el CGPJ conoce la Constitución y, en particular, su artículo 18 y no está en su ánimo lesionar tan importante derecho fundamental; y, en términos dialécticos ya se sabe que ”excusatio non petita, acusatio manifesta”. En segundo lugar, también nos parece innecesario acabar la declaración apelando a “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial. En este caso, porque estamos persuadidos que los miembros del CGPJ saben y les consta que el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE define los sustantivos epicenos como “los que, designando seres animados, tienen una forma única, a la que corresponde un solo género gramatical, para referirse, indistintamente, a individuos de uno u otro sexo. En este caso, el género gramatical es independiente del sexo del referente”. Como también estamos con vencidos que la corrección política no nublara el uso correcto del leguaje por los miembros del CGPJ.

TRES CONCLUSIONES

Del “relato triste del Palacio de la Moncloa que acabamos de hacer queremos deducir tres conclusiones que son, el tiempo, tres enseñanzas, advertencias y recomendaciones:

a) La primera es que, al contemplar el ejecutivo, nos parece que nos encontramos ante una orquesta para instrumentos desafinados que desconoce el principio de no contradicción que ya desde Aristóteles es requisito imprescindible para mantener un discurso racional. Solo así podemos explicar que, en términos cinematográficos, comparezcan, dia tras día, en la gran pantalla miembros del ejecutivo que actúan como polis malos (entre otros, los identificados), como polis buenos (además de otro vicepresidente los que parecían ser jueces) y como poli mudo (su presidente).

b) La segunda adopta la forma de recomendación desinteresada  porque invitamos a los ministros lenguaraces a que retornen al sendero de la cautela que ellos mismos recomiendan a los jueces porque -como “juristas” que dicen ser- conocerán que, en el Reino de España en el que habitan; como Estado de Derecho que hasta el momento de escribir estas líneas es,  las personas públicas y privadas están sometidas al Poder Judicial que enj8icia, entre otros, los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios (por ejemplo, en el sector -goloso donde los haya- de las energías renovables, etc. y etc.  (“Dura lex, sed lex”).

b) La tercera y última adopta de nuevo la forma de ruego para insistir en la suplica que sirve para titular esta entrada diciendo: “Déjenles, de una vez, en paz”  para que cese este espectáculo insólito en un Estado miembro de la UE y estrafalario en un Estado social y democrático de Derecho desarrollado.