¿En qué se parece el Consejo de Estado al pescado? En que los dos comienzan a pudrirse por la cabeza. La frustrada y la lograda ascensión de dos ¿juristas? a su presidencia

Prefacio: Máximo respeto hacia la Institución del Consejo de Estado y su Cuerpo de Letrados

La Constitución española de 1978, en su Título IV titulado “Del Gobierno y de la Administración” incluye el artículo 107 que nos dice: El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia”.

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado precisa su naturaleza y funciones diciendo, en su artículo 1º que “1. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. 2. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes”. Y en su artículo 2º que “en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines”. Más adelante, su artículo 14ª dispone: “Los Letrados del Consejo de Estado desempeñarán las funciones de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente”.

De los preceptos transcritos podemos deducir que el Consejo de Estado es una pieza clave en nuestro Estado de Derecho. Y de nuestra experiencia personal podemos inferir, sin miedo al error, que su Cuerpo de Letrados es uno de los distinguidos cuerpos de juristas  que habitan nuestro Reino.

Manoseo infame por el ejecutivo de la Presidencia del Consejo de Estado

Dado que, en los últimos tiempos, hemos tenido noticias de un asalto fallido y otro consumado a la Presidencia del Consejo de Estado por parte de dos licenciadas en Derecho con conocimientos jurídicos manifiestamente mejorables, hemos buceado en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado para encontrar que su artículo 6º establece que “el Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.

Movidos por esta última referencia a los “juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado” y perplejos por la paupérrima capacitación jurídica de las dos personas que el Ejecutivo del Progreso ha intentado primero y finalmente logrado nombrar para la Presidencia del Consejo de Estado; hemos acudido, una vez más al Diccionario de la RAE para encontrar que el término “jurista” se define como “persona que ejerce una profesión jurídica”. Ante la parquedad expresiva de la definición y alarmados por la referencia legal a su nombramiento libre por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente; hemos buscado -cual vagabundos en el desierto- más definiciones y nos henos encontrado con un término sinónimo o afín al de “jurista” que ha hecho saltar todas nuestras alarmas mentales al verificar que jurisconsulto o jurisconsulta” se define como “persona dedicada al estudio, interpretación y aplicación del derecho” y “jurisperito” como “en lo antiguo, intérprete del derecho civil, cuya respuesta tenía fuerza de ley”.

Primer asalto fallido a la Presidencia del Consejo de Estado en la persona de doña Magdalena Valerio Cordero

El BOE núm. 39 del miércoles 14 de febrero de 2024 (Sec. II.A. Pág. 17628) publicaba el Real Decreto 160/2024, de 13 de febrero, por el que, en ejecución de sentencia, se anula el Real Decreto 926/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero, y se dispone su cese. Este Real Decreto 160/2024 explica que “con fecha 30 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia número 1611/2023, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo número 918/2022, interpuesto contra el Real Decreto 926/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero, acordando la anulación del mismo”. Y sigue diciendo: “A propuesta del Presidente del Gobierno, en ejecución de la citada sentencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de febrero de 2024, Vengo en anular el nombramiento como Presidenta del Consejo de Estado de doña Magdalena Valerio Cordero, disponiendo su cese. Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2024. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN”.

Es justo dejar constancia en acta de que este primer asalto en el combate por la dignidad del Consejo de Estado se ganó gracias a la Fundación de juristas -¡estos si! – Hay Derecho.

Segundo asalto consumado a la Presidencia del Consejo de Estado

Como la resiliencia frente a la virtud y la contumacia en el error de nuestro ejecutivo son evidentes, damos cuenta triste de que el segundo asalto en el combate por la dignidad del Consejo de Estado se ha perdido, por ahora. En efecto, la Referencia del Consejo de Ministros de 13.2.2024 recoge, dentro del apartado de Presidencia el Gobierno la “Remisión al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento como presidenta del Consejo de Estado Dª. MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO”.

Como es preceptivo, la Referencia del Consejo de Ministros nos ilustra con un breve pero interesante CV de la nueva presidenta del Consejo de Estado que dice que es “Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Secretaria General de la Universidad de Córdoba. Secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Socia de Honor de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Ministra de Cultura. Diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados. Diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Condecorada con la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la Orden de San Raimundo de Peñafort y el Grand Cordon del Wissam Alaouite del Reino de Marruecos”.

Pues bien, este asombroso CV y, en particular, la última distinción del Reino Alauí lleva la templanza -recomendada a la población por el Presidente del Gobierno- a nuestro ánimo e impiden que lo turben artículos como el publicado por Carmelo Jordá en Libertad Digital (13/2/2024 – 21:57) y titulado El «reconocido prestigio» de Carmen Calvo. En ninguna de sus etapas en la primera línea de la política Carmen Calvo ha sido la más lista de la clase” en el que dice: “El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no tener «reconocido prestigio» como jurista y, para recuperarse de tal revés, el Gobierno ha buscado una jurista prestigiosísima, ha mirado en el baúl de los recuerdos y ha encontrado a Carmen Calvo. Vamos a decirlo sin más rodeos: en ninguna de sus etapas en la primera línea de la política Carmen Calvo ha sido la más lista de la clase. De hecho, siempre ha dado muestras de lo contrario y lo que todos nos preguntábamos no era cómo era posible que tan prestigiosa jurista estuviese sacrificando una vida en las mejores universidades del planeta a cambio del siempre ingrato ejercicio del servicio público, sino más bien cómo había llegado tan lejos teniendo menos luces que un triciclo de madera. En este sentido, su reacción al nombramiento ha sido al mismo tiempo indignante y un poco enternecedora por ver tanta simpleza: se ha comparado a sí misma con Bobby Kennedy y a Pedro Sánchez con JFK, que nombró a su hermano Fiscal General. Calvo pone ese caso de nepotismo entre familiares como ejemplo de que colocar a alguien que no lo merece en un puesto público relevante es lo más normal del mundo, pero olvida –o quizá nunca ha sabido– que aquel fue uno de los nombramientos más polémicos del mandato de Kennedy, precisamente porque era un caso claro e injustificable de enchufe de alta tensión”.

Pues bien -como Ulises atado al palo del navío- resistiremos estos cantos de sirena que ponen en duda la jurispericia de la Sra. Calvo porque no solo tenemos ante nuestros ojos atónitos el CV abrumador en cantidad y en calidad de méritos jurídicos de la flamante nueva presidenta del Consejo de Estado, sino que, además, tenemos los titulares de la prensa progresista del régimen que durante todos esos años han ascendido a la Sr. Calvo de su condición de Profesora titular de Derecho Constitucional al rango de Catedrática en la materia, adivinando, sin duda, las empresas cruciales que para el Derecho en nuestro país le tenía reservado en futuro.

Es más, avizoramos un primer gesto de finezza jurídica por su parte cuando leemos el titular que nos brinda Rafael Ordóñez en El independiente: “Carmen Calvo: «Zorra significa lo que significa, a las mujeres se lo llaman antes de pegarlas«. Esta delicada tautología zoológica que, a su vez, condensa en un título eurovisivo la protección de la mujer solo puede proceder de quien ha sido Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Ministra de Cultura. Diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados. Diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y -lo que resulta a nuestro entender mérito definitivo- Condecorada el Grand Cordon del Wissam Alaouite del Reino de Marruecos.

Estamos tan persuadidos de la grandeza jurídica de la nueva presidenta del Consejo de Estado que no atenderemos a informaciones de primera mano que nos han referido un acto académico celebrado en la Universidad de una capital andaluza que, debiendo celebrarse en audiencia pública, lo fue en privado y vergonzante contubernio.